En el marco de la formación ciudadana de nuevos fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), este lunes comenzó un segundo abordaje del “Plan 700”, donde participarán más de 200 funcionarios, quienes estarán desplegados en la ciudad de Caracas, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano, y de esta manera reforzar la producción del pan y la atención de la ciudadana en todos los establecimientos visitados por dichos fiscales con el compromiso social para con el pueblo.

El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras indicó en el taller de formación de nuevos ingresos a la institución, que esto forma parte del proceso de convocatoria al poder originario constituyente, “estamos preparando nuestros equipos de trabajo y dando nuevos lineamientos para que se desplieguen en todo el país”.

Destacó, que los profesionales pertenecientes a la primera cohorte se encuentran desplegados en más de 680 panaderías de la ciudad capital. Afirmó que entre ambas promociones se contabilizan alrededor de 416 nuevos funcionarios, que se suman a la lucha contra la guerra económica.

“Ellos son personas que tenemos en un proceso que vamos a ir acompañando por lo menos en un mes, por ser una tarea fundamental para ir junto al pueblo luchando contra los que atentan contra sus derechos”, dijo.

En el taller además se explicó, que los mecanismos empleados por la guerra económica a través del boicot en la prestación de servicios de venta, las intenciones políticas de las mismas, la estructura de costos, y el compromiso que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con la defensa de los derechos individuales, colectivos y difusos de la población venezolana.

Se destacó la importancia de la disciplina y el compromiso revolucionario que deben tener los funcionarios para enfrentar a diario la guerra económica.

Mecanismo del “PLAN 700”

El “Plan 700”, fue creado el pasado 12 de abril del presente año, como producto de una curva de aprendizaje que se realizó el año pasado (2016), referente al funcionamiento de las panaderías.

Contreras explicó, que se hizo en primera instancia un ejercicio de identificación de aquellos espacios donde se encontraron las situaciones críticas como: colas, condicionamiento de venta, producción fuera de horario, entre otros.

Afirmó que una de las irregularidades más frecuentes fue el condicionar el horarios para la venta del pan. Este plan también busca velar porque el peso del pan canilla sea de mínimo 180 gramos, dado “que son constantes las denuncias y así ha sido constatado, muchos comerciantes estaban elaborando una presentación de canilla muy por debajo del peso establecido”.

Recalcó, que la alteración del tamaño de este rubro está tipificada como un delito en la Ley Orgánica de Precios Justos, denominado Alteración Fraudulenta del Producto (artículo 62).

Dicho mecanismo cuenta con un protocolo que debe cumplir el fiscal actuante y el personal que labora en las panaderías.