En contacto telefónico con el programa Al Aire, transmitido este martes por el Sistema Nacional de Medios Públicos, el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras señaló que la distribución de bienes se ha visto afectadas por las acciones fascistas propiciadas por los seguidores de la derecha.

“Las acciones terroristas de la derecha venezolana uno de sus fines ha sido justamente obstruir el proceso de distribución y ha afectado la disposición de bienes esenciales para la población delitos que están tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos, evitando que nosotros como institución apliquemos las medidas correctivas, en protección al pueblo”, enfatizó.

Señaló, que gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional en materia económica, como la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) y con ello la conformación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), se ha ido superando la situación.

Ministerio Público debe procesar expedientes para hacer más efectivas las sanciones en materia socioeconómica

La autoridad de la Superintendencia Nacional para La Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), comentó que una de las medidas preventivas aplicadas por el organismo cuando un establecimiento reincide en la comisión de delitos en esta materia, es la suspensión del Registro Único para las Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE), aunque en otros casos se le remite al Ministerio Público para que procese el caso en materia penal.

“Hay que recordar que la Especulación, el Acaparamiento, el Boicot, son delitos tipificados y en ese caso se le remite a esa institución para que sustancie el expediente penal. No tengan duda que la severidad en la aplicación de sanciones y multas están presentes en nuestras acciones, pero también los órganos como lo es el Ministerio Público debe hacer lo propio para que se cumpla con la Ley”, enfatizó.

Lamentó, que muchas veces las acciones de la SUNDDE han sido invisibilizadas por los medios de comunicación “a ellos no les interesa mostrar que hay un gobierno protegiendo los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano”.

Continúa “Plan 700”

En relación al “Plan 700”, que se ejecuta desde el mes de abril en las panaderías de la ciudad capital, para vigilar la distribución de la harina de trigo, capacidades de almacenamiento de los establecimientos, producción y venta del pan, la autoridad señaló, que actualmente se encuentran desplegados 662 funcionarios, para evitar la especulación en el precio de venta del rubro.

Recordó, que en el mismo trabajan conjuntamente funcionarios de la institución, Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Ministerio para el Poder Popular para las Comunas y la Superintendencia para la Gestión Agroalimentaria (Sunagro), al tiempo que adelantó que en el interior del país ya se están identificando los comercios y aplicando los correctivos necesarios para evitar la comisión de delitos socioeconómicos en el sector.

En el caso de la supervisión de precios de otros rubros manifestó, que desde el pasado mes de noviembre el presidente aprobó un plan de articulación con los CLAP, Milicia Nacional Bolivariana, y los Infocentros para conformar los Espacios Populares para la Investigación e Inspección (EPII-Centros), para atender los reclamos y denuncias del pueblo relacionadas a los mismos.